Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión. La justicia lo encontró culpable de haber lavado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sus hijos también recibieron penas de prisión.
Horas antes del fallo se conoció que la Justicia también avanzó en el remate de sus activos para pagarle a sus acreedores, incluido el Estado nacional. Autorizó que una comitiva ingrese a sus propiedades en la provincia de Santa Cruz, rompa los candados y cerraduras que sean necesarios, evalúe el estado en que se encuentran y redacte un inventario.
Según publica el diario La Nacion, un "oficial de Justicia ad hoc", un ingeniero agrónomo y dos o más martilleros son los designados hasta el momento para cumplir con esa orden en una fecha que todavía no se fijó, aunque la jueza en lo Comercial María José Gigy Traynor ya fijó una premisa: le indicó a la "sindicatura liquidadora"que debe concretarse antes de que otra eventual curva de contagios de Covid-19 pueda complicar el avance del expediente, como ocurrió durante 2020.
"Quienes intervengan en las diligencias", explicó la jueza, "se encuentran autorizados a violentar cerraduras de tranqueras, galpones, cascos de estancias y de depósitos (tanto referido a accesos externos como internos para poder abrir y/o violentar tranqueras, portones y/o cualquier cerradura interna y/o de puertas internas y/o muebles, y/o de cualquier elemento que obstaculice la diligencia, etcétera), y/o cualquier obstáculo de ingreso y/o requerir los servicios de un cerrajero o persona idónea a los efectos del cumplimiento de la orden judicial".